Y digo bien toda España para referirme a este país y no a otro, porque lo que lleva pasando desde hace años aquí clama al cielo y no hay visos de que esto se quiera solucionar, porque parece que nos hemos instalado en esa normalidad de que el alegal o ilegal tiene más derechos que cualquier ciudadano cumplidor.
Siempre he dicho que para ese ciudadano normal y corriente, de a pie, que con mayor o menor dificultad llega a final de mes, que tiene una vida estructurada, le resulta complicado transgredir las normas, porque pierde ese estado de bienestar más grande o más pequeño, que le proporciona su familia, su trabajo (si lo tiene), su ambiente y sus propiedades.
Al que no tiene nada o muy poco, ya sea por desidia, por tradición y a veces también por mala suerte, la frontera con la ilegalidad la tiene tan cerca, tiene tan poco en riesgo, que no le importa sacrificar su situación actual, porque las leyes no son sólidas y, total, no pasa nada si tiene que ir a la cárcel o tiene que acudir a un juicio, o tiene que hacer frente a una indemnización, porque como no tiene nada…, lo dicho, menos papeles que una liebre.
Porque el pobre, o mejor, el indocumentado ¿nace o se hace? Y es que efectivamente no dudo que haya gente que por mala fortuna en la vida pasen de ser ciudadanos ejemplares, de una familia normal y estructurada, a estar peor posicionados que la vida que sus padres diseñaron para ellos. A veces ocurre que las malas compañías, los vicios, los desórdenes juveniles abocan a una vida marginal.
Y otras veces ese pobre o indocumentado directamente nace, no se hace, porque perpetúa por tradición la marginalidad de sus progenitores, de sus generaciones pretéritas, y con ello la ausencia de hábitos sociales uniformes, la falta de educación en el seno familiar difícilmente equilibrada con la enseñanza pública oficial a la que acuden por obligación, la desidia por progresar, por trabajar (muchos marginales mueren sin haber cotizado ni una sola hora en su vida), generando problemas por doquier, y saliéndose a la mínima que el sistema lo permite.
Dentro de la marginalidad hay familias que entran por el aro del subvencionismo, de las ayudas sociales y quiero pensar que estructuran sus vidas. Otras familias están tan desarmonizadas que se saltan todos los resortes de los recursos públicos habilitados para ellos para llegar a un escenario más arriesgado pero sin lugar a dudas más interesante, sin pasar por la casilla de salida. El que nada tiene nada pierde y asume el riesgo de pegar la patada en la puerta.
No digo que todos los desahucios que se hacen en España están bien, hay casos y casos, pero cuando ves en la tele esos casos flagrantes de gente que se mete en viviendas y se asienta de forma ilegal generando miedo en la comunidad cuando no destrozando la propiedad ajena, es que clama al cielo.
No entiendo mucho del asunto aunque se supone que debería entender, tal vez porque no me he ilustrado lo suficiente, pero el problema es que los okupas se saben lo básico de la ley, esa que les permite ocupar una vivienda sin nadie en su interior, para asentarse y muchas veces con menores en su seno para pulsar la sensibilidad de todo el mundo. El gran debate, al parecer, es que el derecho a la vivienda está por encima del derecho a la propiedad privada, eso como primer punto disruptor.
Pero no acaba ahí la cuestión, si tienes la desdicha de que te ocupen tu vivienda, que la mayoría de los casos son segundas viviendas aunque a veces es directamente tu vivienda habitual que has dejado una semana para irte de vacaciones por ahí, pues por lo que tengo escuchado es que el tiempo juega en contra del propietario, porque a más días de ocupación más problemas.
En nuestro país el mecanismo pasa por los juzgados y ya sabemos lo que eso significa de larga espera y eternización de procedimientos (tiempo suficiente para que te destrocen tu vivienda y encima que tú tengas que pagar agua y luz en el peor de los casos). En otros países cercanos como Francia o Gran Bretaña es la propia policía la que acude al lugar denunciado por ocupación el cual exige al ocupante el título de propiedad y si no lo tiene inmediatamente a la p… calle.
Pero no, aquí en España nos enredamos más, por un lado el propietario tiene que demostrar su propiedad a la par que el título o derecho que reclama el okupa no es válido (las penas por usurpación son mínimas). Los okupas se saben todas las triquiñuelas, si terminan siendo sancionados, como ocurre, la pena es tan nimia que les compensa haber vivido de gorra durante meses, pagar no van a pagar porque son insolventes y por estas cuestiones nadie va a la cárcel, creo.
Es evidente que algo está fallando en el sistema y no le queremos dar solución, aquí está denostado el derecho a la riqueza, a la propiedad, mucha gente de izquierdas ve a la gente que dispone de varias viviendas como sus enemigos acérrimos, y ya no hablemos de los empresarios, que son directamente unos proscritos. Es algo que no me cabe en la cabeza, parece como si uno no pudiera o no tuviera derecho a enriquecerse dignamente, él o sus generaciones precedentes. O sea que si yo tengo éxito en la vida, hago buenas inversiones, o he trabajado de sol a sol durante muchos años y me compro cinco viviendas, soy directamente malo, porque vivo en una y las otras cuatro las tengo vacías porque me da la real gana, y no hay derecho a que unos mangarrianes que no le han dado un palo al agua en su vida me ocupen mi propiedad, la que me he ganado con el sudor de mi frente.
Hablan izquierdosos y podemitas, como si fueran Maduros de pacotilla «exprópiese», y el problema no se resuelve ocupando las viviendas ajenas por personas que no dudo que lo necesiten, porque de vivir en una chabola a vivir en un chalé con piscina hay una diferencia. El gran déficit de las administraciones, sobre todo centradas en grandes poblaciones y sus periferias, donde se concentran las mayores bolsas de pobreza y marginalidad, es la inexistencia de planes potentes de vivienda, promoviendo el acceso en régimen de alquiler o propiedad en condiciones óptimas y ajustadas a la realidad de familias que viven con lo justo.
El gobierno de hoy no está buscando soluciones, con el PP, que tampoco hace mucho tiempo el problema era casi el mismo y, de algún modo, porque la práctica totalidad de partidos políticos se resisten a dar la sensación de que vivimos en un estado policial. La solución es echar al que okupa ilegalmente y darle ese poder a la autoridad (policía nacional, guardia civil y policía local) y no dejar tirada a la familia que ha ocupado, sobre todo si tiene niños pequeños, con ayudas puntuales y viviendas provisionales y con fecha de caducidad, no para premiarlos.
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